Parla cede a una empresa el 80% de la recaudación de las multas de tráfico


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El Ayuntamiento de Parla (PSOE), con un déficit de 343 millones de euros, una deuda de 2.941 euros por habitante (la mayor entre los municipios madrileños de más de 50.000 habitantes) y una “nula” liquidez y solvencia según la Intervención municipal, ha multado a uno de cada cinco conductores de la ciudad de 125.000 personas en apenas dos meses. El anterior alcalde, el socialista José María Fraile, regidor hasta su imputación en la Operación Púnica, privatizó el pasado marzo un servicio que, como tantos otros, antes era público. La oposición coincide en exigir que se anule el contrato. El PSOE gobierna en minoría con 11 concejales, los mismos que el PP, que en las elecciones de 2011 obtuvo 22 votos menos. IU tiene cuatro ediles y UPyD uno.

Fraile adjudicó el servicio meses antes de ser imputado en la Operación Púnica

La concesionaria, una Unión Temporal de Empresas formada por Bilbomática, SA y Orange España, SA, ha recaudado dos millones entre octubre y noviembre (1,6 directamente para ella), según el recuento de sanciones que figuran en los decretos. La adjudicataria, que negoció con el anterior regidor que el 80% de la recaudación sería para ella, firmó un contrato por cuatro años (más dos prorrogables) valorado en 1,6 millones. Esto es, se preveía recaudar 400.000 euros de media al año antes de adjudicar el contrato. Este cálculo se hizo según la última Cuenta General de Parla aprobada (2013), cuando las multas no estaban privatizadas: Parla impuso sanciones por 400.000 euros, aunque solo recaudó 100.000.

La oposición exige que se anule el contrato con Orange y Bilbomática

Tras su puesta en marcha, la concesionaria acordó con Fraile que percibiría un 64% de los ingresos efectuados por las sanciones de tráfico (en periodo voluntario) el primer año, porcentaje que bajará al 60% los demás ejercicios. A cambio, se garantizaba durante la duración de todo el contrato el 99% sobre los recargos en las multas, lo que da un 80% de beneficio medio por cada sanción. En el periodo conocido (dos meses), han sido multados casi 12.000 conductores tras la implantación de radares fijos y móviles que limitan el tráfico a 40 kilómetros por hora en algunas de las principales avenidas de la localidad. Algunos están colocados estratégicamente en los principales accesos, como en la calle de Toledo. Allí, un radar fijo, situado frente a Desguaces La Torre, caza a buen ritmo a los conductores que superan los 40 kilómetros en la avenida, con dos carriles por sentido y sin pasos de cebra ni peatones en la cercanía. Más de un despistado clava los frenos intentando evitar un castigo que termina siendo inevitable, mientras los flashes del radar se suceden. Una señal minúscula y ladeada, de difícil visibilidad, avisa unos metros antes de la máquina. La situación es tal que en las horas de menor tránsito se llega a montar caravana, con los vehículos en fila. “O se te cala el coche o te multan, tú eliges”, rezonga un conductor.

La velocidad autorizada es de 40 kilómetros en grandes avenidas

La historia se repite en el polígono del Cerro Rubal. “Es una locura y un abuso, es evidente que la idea es recaudar y punto”, señala Pedro, empleado en un taller mecánico de la zona. Mirando al radar fijo en la mediana, “la bestia”, recuerda que cuando lo pusieron en noviembre “saltaba tanto por la noche que parecía una discoteca”. “No se habla de otra cosa, los clientes están muy enfadados. Mejorará la seguridad, pero de una forma que no es correcta y muy dura para la gente humilde”, confía Kamali, al frente de una nave de frutas y verduras a pocos metros. UGT, en un informe de 2011, colocaba a Parla como la ciudad con más paro de la región, con un desempleo del 26%. El dato de la tasa de paro no existe formalmente por municipios (solo las cifras totales), pero en el Ayuntamiento elevan el porcentaje al 30%.

“Persona que conozco, persona que han multado, entre ellos mi marido y mi cuñado”, lamenta Elena Patiño, una vecina de la avenida de América que “por amor” se mudó de Getafe a Parla. “La circulación en la avenida de América estaba regulada a 40 kilómetros por hora y parece que se ha rebajado a 20. Algunos radares móviles se han colocado por allí, pese a que no es una zona con colegios ni nada”, interviene Juan Carlos Machuca, portavoz de UPyD. “Para colmo, el grueso de la recaudación va a la empresa a la que se ha adjudicado el servicio y no repercute en el municipio”, apostilla.

“Persona que conozco, persona que han multado”, se queja una vecina

La deuda con proveedores y bancos era de 369,4 millones en mayo, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La Intervención municipal estima que la disponibilidad financiera a corto plazo es “inexistente”. El informe de fiscalización local no dio su conformidad al decreto del concejal de Hacienda, Fernando Jiménez, por el que Bilbomática suministró en mayo 100 terminales portátiles a la policía por 60.400 euros más IVA en un procedimiento negociado sin publicidad.

La colocación de los radares recibió el nombre de Plan de Pacificación del Tráfico en el Municipio. Los datos de siniestralidad vial de la Dirección General de Tráfico computan un fallecido, tres heridos hospitalizados y 88 heridos leves en vías urbanas en 2013. En el caso de las vías interurbanas, el año dejó un muerto y 32 heridos leves. Las dos víctimas mortales y los heridos más graves fueron peatones. “El anterior alcalde impuso este abuso y encima se burlan de los vecinos llamándolo plan de pacificación, cuando no es más que un plan de confiscación, porque es imposible que de repente los vecinos cometan más infracciones que nunca y que en ningún otro municipio en tan poco tiempo”, reprocha Miguel Ángel López, portavoz del PP.

El censo de conductores de Parla era, a 31 de diciembre de 2013, de 56.433 personas (35.042 hombres y 21.391 mujeres). El parque de vehículos (56.083 con una antigüedad media de 9,8 años) lo formaban los turismos en un 81% (45.515). Además, había 3.670 camiones (7%), 2.647 furgonetas (5%), 2.405 motocicletas (4%) y 1.214 ciclomotores (2%).

La ciudad ‘privatizada’ del PSOE

El PP y UPyD presentaron en enero de 2014 una moción conjunta a la que se sumó IU en la que pedían la “anulación inmediata” de la privatización de las multas de tráfico. El Gobierno local impuso la adjudicación, pese a que la oposición propuso otras medidas “disuasorias y sin afán recaudatorio” como semáforos y badenes frente a radares “instalados en zonas estratégicamente rentables”.

El PP presentará en el próximo pleno una propuesta en la que instará al Ejecutivo local para que la empresa revise el volumen y cuantía de las multas. “Apoyaremos esa proposición la lleve el PP o quien sea”, afirma Eugenio Santos, portavoz municipal de IU, para quien el pliego aprobado por la Junta de Gobierno “solo tenía un objetivo totalmente recaudatorio”. Una vez más, IU pide “remunicipalizar” este servicio y los demás que privatizaron Fraile y su predecesor, Tomás Gómez, actual secretario general del PSOE madrileño y alcalde de 1999 a 2008. La lista es amplia: la recogida de basuras, el mantenimiento de las zonas verdes, las instalaciones deportivas, los centros de mayores, la ayuda a domicilio, las escuelas de danza, música y teatro...

Beatriz Arceredillo, regidora desde noviembre y muy crítica con la gestión de Fraile y Gómez, es partidaria de “que vuelvan a ser públicos” los servicios municipales, aunque tiene escaso margen de maniobra. Está atada por los contratos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/21/madrid/1421873107_597121.html[/PHP]

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